El Supremo autoriza a los ciudadanos la grabación de plenos de sus ayuntamientos

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Los jueces dicen que además de los medios de comunicación, el público o los concejales, cualquiera tiene derecho a grabar el pleno.

La asistencia a los plenos es abierta al público, pero a ella asisten habitualmente poquísimos ciudadanos, ya sea por falta de interés o por la dificultad del horario.

Agencias

El Tribunal Supremo ha confirmado que todos los ciudadanos que asistan a los plenos de los ayuntamientos pueden grabar el contenido de los mismos, aunque no pertenezcan a medios de comunicación autorizados, en base a los derechos fundamentales de libertad de expresión e información.

Las sesiones plenarias de los ayuntamientos deben ser públicas y que no puede restringirse el derecho de la ciudadanía a su directo e inmediato conocimiento salvo en aquellos casos puntuales en los que las sesiones sean declaradas reservadas de forma excepcional y siempre que existan motivos para ello.

El alto tribunal también recuerda de las dos libertades señaladas son de interés general para asegurar la existencia de una sociedad democrática, que no es posible sin una opinión pública libre.

Los jueces dicen que además de los medios de comunicación, el público, los concejales o cualquiera que asista a la sesión plenaria tiene derecho a grabarla. Todos los actos son públicos, salvo restricciones puntuales, y el alcalde no puede restringir el derecho a recibir información porque ese ejercicio de un derecho fundamental “establece precisamente una habilitación general con reserva de prohibición; y no al revés”.

Ejemplo de un mal reglamento Municipal 

pleno-en-streamingEs la consecuencia general que se extrae de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo que declara vulnerados los derechos a la libertad de expresión e información de un ciudadano de Mogán (Canarias) a quien el alcalde no dejó grabar en 2013 el pleno del ayuntamiento.

La sala Contencioso del Supremo reconoce que el ayuntamiento ha vulnerado el artículo 20 de la CE, el derecho a la libertad de expresión y de información, al prohibir mediante el artículo 107 de su reglamento interno la grabación de un pleno municipal a uno de los asistentes.

En concreto, el artículo 107 del Reglamento Orgánico Municipal de Mogán establece que los medios de comunicación autorizados, los concejales y el público en general asistente “tendrán prohibido efectuar grabaciones de imagen y sonido sin la previa y discrecional autorización de la Presidencia del Pleno”.

Un concejal condenado por un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria a una multa por grabar un pleno presentó un recurso contencioso administrativo contra ese artículo ante el TSJC, instancia que estimó los argumentos y declaró nula la prohibición del Ayuntamiento.

El Consistorio de la localidad canaria recurrió esa sentencia, invocando que el reglamento municipal no prohíbe expresamente la grabación de los plenos, sino que deja esa decisión al arbitrio del alcalde.

La sentencia del Supremo, no obstante, considera que sí existe una prohibición general en el reglamento y que, por tanto, se vulneran tanto el derecho de expresión -la libre comunicación de pensamiento y de la información- como el de información -el derecho de los individuos a recibir la información sin trabas-, ambos recogidos en el artículo 20.1 de la Constitución Española.

Apela además al carácter institucional de la información procedente de las sesiones de un ayuntamiento, en las que se toman decisiones con carácter de interés general, por lo que, según la sentencia, la grabación de los contenidos de los plenos ayuda a la creación de una opinión pública libre.

Especifica, en base a lo recogido en la Carta Magna, que ambos derechos son de titularidad de todos los ciudadanos, independientemente de su pertenencia o no a medios de comunicación.

El Supremo reconoce que la alcaldía actuó con discrecionalidad e impuso una censura previa que “ha de entenderse como cualquier impedimento a prior” al ejercicio de las libertades de información y expresión; y no cabe duda que esa autorización previa que el repetido artículo 107 del Reglamento Orgánico Municipal establece obstaculiza el inmediato ejercicio del derecho a la grabación de las sesiones plenarias y encarna, por ello, ese impedimento “a priori” con el que hay que identificar la censura previa”.