La Bañeza y Comarca, aguas abajo, también afectadas por la construcción de un nuevo vertedero en el CTR

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El CTR carece de Declaración de Interés Regional, que no está en vigor por haber sido anulada en 2011 por sentencia del Tribunal Supremo, lo que supone una “ausencia de cobertura legal” de toda la instalación existente y la nueva.

El Órbigo se revela contra la ampliación del vertedero provincial

Los pueblos afectados y también Ecologistas en Acción alegan errores de bulto en los datos, y absoluta falta de garantías y ‘estafa’ a toda la provincia. Temen, con los datos oficiales facilitados, que Gersul perpetúe el escaso reciclaje actual o los vertidos de lixiviados

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Cuatro ayuntamientos, una Mancomunidad y ocho juntas vecinales han presentado alegaciones a la ampliación del vaso de vertido del Centro de Tratamiento de Residuos de San Román de la Vega. De esta manera el Órbigo y parte de La Cepeda se revelan contra el segundo vaso de vertidos para ampliar otros 13 años la vida de la planta por parte del consorcio Gersul y la Junta de Castilla y León.

Una vez finalizado esta semana el plazo de información pública del proyecto y la Modificación Sustancial de la Autorización Ambiental Integrada, los municipios y juntas vecinales han argumentado con datos en la mano contra la pretensión de duplicar el tiempo de vertidos en una planta provincial de “caótica gestión”, señalan los alegantes, después de que el vaso actual, construido para 20 años, esté colapsado casi en la mitad de tiempo.

Los datos oficiales del nuevo proyecto demuestran que al actual vaso de rechazo no le queda vida útil, ya que supera en 318.000 toneladas la capacidad permita por la autorización ambiental. Pero también esos datos desvelan errores de bulto en sus parámetros más sensibles, tanto en la capacidad total del nuevo vaso (2,1 millones de toneladas) como de vertido actual.

Esas cifras indican se incumple la Autorización Ambiental actual, que habla de 60.000 toneladas/año para un tratamiento digno, cantidad que se ha superado con mucho, pero lo peor es que ahora plantean un vertido de 150.000 toneladas/ año. Ello implicaría la práctica ausencia de selección y tratamiento de la basura, que las alegaciones consideran “una grave estafa a ls ciudadanos de toda la provincia de León, que pagan por un tratamiento de la basura que apenas se produce”.

Con esa capacidad de 2,1 millones de nuevas toneladas, los pueblos temen que Gersul prtenda “crear una infraestructura extraordinariamente sobredimensionada para generar un lucrativo negocio recibiendo basura de fuera de la provincia de León”.

Las alegaciones también advierten del riesgo de inestabilidad y colapso en la masa de residuos prevista, tanto por su colocación como por su volumen y los desmontes y taludes previstos. Y censuran que en una infraestructura tan sensible exista una “carencia absoluta de estudios geotécnicos que den garantías plenas del terreno”, algo que consideran “insólito y gravísimo” en las alegaciones.

 

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Por último, la única gestión de lixiviados contaminantes propuesta es la misma que hasta ahora ha generado los vertidos directos a los cauces y terrenos en una amplia área de afección, sobre todo en el Valle de la Calzada, como algunos pueblos y la Plataforma han demostrado con abundancia gráfica.

Y es que aún duplicando la capacidad de vertido, se prevé que los lixiviados se gestionen con las mismas balsas y la misma depuradora actuales, sin infraestructura nueva para garantizar la seguridad medioambiental y de salud pública.

Han presentado alegaciones por un lado los municipios de Villares de Órbigo, Villarejo de Órbigo, Turcia y Villamejil, así como la Mancomunidad del Órbigo. Y además, a título individual también las juntas vecinales de las localidades de Estébanez de la Calzada, Santibáñez de Valdeiglesias, Valdeiglesias, Villares de Órbigo, San Feliz de Órbigo, Quintanilla del Valle, Vega de Antoñán y Antoñán del Valle.

Otra alegación “muy grave” a juicio de los alegantes, recuerda que el CTR carece de Declaración de Interés Regional, que no está en vigor por haber sido anulada en 2011 por sentencia del Tribunal Supremo, lo que supone una “ausencia de cobertura legal” de toda la instalación existente y la nueva.

 

Ecologistas en Acción también alega

 

Ecologistas en Acción de León también ha presentado alegaciones a la autorización ambiental de un nuevo vertedero en el CTR, para poner de manifiesto que la actividad de tratamiento y eliminación de residuos que se viene haciendo en esta planta y que se pretende prolongar con la construcción de un nuevo vertedero es “un fracaso económico, social y ambiental”, además de que se realiza “al margen de la legislación” de residuos, de vertederos y de la planificación estatal de residuos.

 

Con una inversión de más de seis millones de euros y con capacidad para admitir 2,09 millones de metros cúbicos del rechazo del tratamiento de residuos sólidos urbanos de toda la provincia de León, el nuevo vertedero se calcula que podrá recibir, durante 13 años, un total de 150.000 toneladas anuales de residuos, manteniendo el mismo sistema de gestión que ha llevado al “colapso” de las instalaciones nueve años antes de lo previsto.

 

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Según denunciaron los ecologistas a través de un comunicado, la eliminación de residuos en vertedero supone la destrucción “permanente” de las opciones de uso del suelo afectado para otros fines, y los riesgos para el medio ambiente y la salud humana no solo afectan al terreno, sino también a las aguas, a la propagación de contaminantes por el aire y a los efectos perniciosos sobre la fauna, por lo que defienden que el vertedero es “la última opción legal del tratamiento de los residuos”.

Para los ecologistas, la clave de una gestión eficiente de los residuos domiciliarios es la recogida selectiva de la materia orgánica o residuos biodegradables, que son más del 40 por ciento del total de los residuos sólidos urbanos que se producen en la provincia según datos de Gersul. Sin embargo, en la documentación sometida a información pública, los ecologistas entienden que se da por hecho que la materia orgánica “seguirá llegando al CTR mezclada con el resto”, lo que impedirá de nuevo su transformación en compost y aumentando la proporción de rechazos.

Por todo ello, Ecologistas en Acción ha solicitado que el proyecto se adecúe a las tasas de reciclaje y compostaje establecidas en la legislación vigente, un porcentaje que deberá alcanzar, en conjunto, como mínimo el 50 por ciento en peso antes del año 2020, y que limite la eliminación del total de los residuos municipales al 35 por ciento en 2020, tal como establece el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (Pemar).

En este sentido, se ha pedido que se obligue a Gersul a incorporar a la solicitud de autorización criterios de admisión de los residuos en el CTR que sean “vinculantes” para que las empresas concesionarias de la explotación de la empresa y para los productores de residuos para poder alcanzar los objetivos legales de resucción, reciclaje y compostaje de los residuos, teniendo en cuenta que esos objetivos no se alcanzarán hasta implantar la recogida separada de la materia orgánica.

También se pide rediseñar el vertedero de acuerdo con los objetivos de reutilización, reciclaje y compostaje que limitan legalmente la posibilidad de eliminar los residuos mediante depósito en vertedero y, por último, que se presente, con la solicitud de autorización, el análisis económico exigido por el Real Decreto de vertederos, e incorporar al estudio de impacto ambiental el estudio de la alternativa 0.

También se ha pedido que se inste a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) a la revisión y modificación de la autorización de vertido que acompañó la autorización inicial del CTR en lo referente a las instalaciones de recogida y vertido de aguas residuales con el fin de evitar la contaminación del dominio público hidráulico en general y del arroyo del Valle la Calzada en particular.Y finalmente, que se pida al Ayuntamiento de San Justo de la Vega un nuevo informe de compatibilidad urbanística de manera que se permita al Consistorio afectado intervenir “de manera decisiva”.

Y también censuran una documentación incompleta, porque falta el informe urbanístico del Ayuntamiento de San Justo de la Vega, que es quien ostenta las competencias en esta materia.

Los vertidos directos, especialmente de los lixiviados, a los cauces y terrenos abarcan una amplia área de afección

El vaso actual, construido para 20 años, esté colapsado casi en la mitad de tiempo.